martes, 21 de noviembre de 2017
viernes, 20 de octubre de 2017
Sr. Arévalo Méndez Romero. Embajador de Venezuela en Chile
Si bien se comprende su mandato de defender al actual gobierno venezolano considero que los
argumentos expuestos por usted en el diario La Tercera en fecha 20.10.2017 son altamente
debatibles y por tal motivo me permito escribir estas cortas líneas:
1. “Reconocidos centros internacionales referentes en materia electoral lo han
manifestado: es imposible un fraude técnico en Venezuela”.
FALSO. Para la academia mundial no es un secreto que los procesos
electorales en Venezuela desde hace ya unos cuantos años atrás, especialmente
desde la elección presidencial de 2012, no son limpios ni libres. Índices como
el del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard (https://www.dropbox.com/s/a7az1ruv7oh581b/The%20Year%20in%20Elections%202013%2024%20Feb%202014.pdf?dl=0#pageContainer85) o el de Freedom House (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013 ), por citar solo dos, han
revelado enormes deficiencias en materia democrática-electoral en nuestro país.
Tal posición ha sido compartida por instancias como la Organización de
Estados Americanos, el Centro Carter, IDEA Internacional o la Unión Europea. Si
tiene dudas al respecto con todo gusto puedo suministrarle los informes, o
mejor aún, puede bajarlos por internet ya que son de acceso público.
2. “El sistema es blindado”.
Desconozco que significado le da usted a ésto, aunque es incuestionable que
el sistema electoral venezolano no es democrático, ni transparente, ni apegado
a Ley, ni equitativo ni plural. Como muestra solo mencionaré algunos de los
elementos que dibujan el carácter no democrático de las Elecciones Regionales
venezolanas de 2017.
a)
Convocatoria. El anuncio del proceso se hizo tardíamente, después de un año,
y parcial pues se omitió la elección de los Diputados a los Consejos
Legislativos Estadales, incumpliendo, sin ninguna motivación, el mandato
constitucional (1999) y de la Ley de Regularización de los periodos
constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales
(2010);
b)
Campaña electoral viciada y financiamiento inequitativo y claramente
violatorio del marco legal vigente. Nuevamente el PSUV se
aprovecha de su condición de partido de gobierno para establecer enormes asimetrías en la
promoción de la oferta electoral. He aquí unos informes de la Organización
Transparencia Venezuela que resultan muy ilustrativos:
https://transparencia.org.ve/project/campana-gobernaciones-se-caracterizo-uso-los-recursos-publicos/
c)
Incumplimiento del proceso de sustitución de candidaturas. Pese a ser un
mecanismo expresamente establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales
(2009) fue desconocido, afectando la oferta electoral opositora y más grave
aún, el ejercicio del sufragio activo. El académico y constitucionalista
venezolano José Ignacio Hernández nos señala la naturaleza y alcance de dicha
actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
d)
Cambio abrupto, a pocos días de las elecciones, de Centros de Votación. El
ente comicial trasladó más de doscientos centros de votación y afectó a más de
700.000 electores sin una clara motivación y sin la debida publicidad, los cual
compromete seriamente la integridad de la elección. Para demostrar por una
parte que no hubo la debida publicidad y por el otro, poner en tela de juicio
lo que señala Méndez Romero cuando dice: “Entre
los días 14 y 15 de octubre, más de 200 centros fueron objeto de sabotaje de
suministro eléctrico y de agua, lo que necesariamente provocó cambios de última
hora” , he aquí el link donde se pueden revisar las noticias
institucionales del CNE y constatar la
omisión de dicha información
e)
Actuación parcializada del CNE. Son muchas las evidencias en este sentido.
Para no extenderme más, solo citaré uno especialmente ejemplarizante en donde
una de las Rectoras del CNE informa sobre la posibilidad de conocer el centro de
votación a través de SMS, en el cual
existía un mensaje a favor de los candidatos oficialistas.
f)
Y hay más elementos, por ejemplo, la hostilidad observada en los nuevos
centros de votación por parte de fuerzas oficialistas, la reducción de la
observación nacional, la inexistencia de observación electoral internacional,
sustituida por la figura del “acompañamiento internacional”, la coacción y
coerción a los funcionarios públicos y beneficiarios de las misiones
gubernamentales, restricciones importantes a la libertad de información y
prensa, la amenaza a los candidatos a subordinarse a la Asamblea Nacional
Constituyente Inconstitucional, las irregularidades en la totalización del
Estado Bolívar o la negación de juramentar a candidatos ganadores de la
oposición.
Por su condición de Embajador, y más
aún, por su vinculo con el proceso revolucionario chavista-madurista, no
pretendo que sea un experto en estos temas de allí que me permita citar algunas
fuentes de investigación. Los números sin un real contenido son igualmente
subjetivos. Su escrito lo demuestra nítidamente.
PD. Ese mandato de defender a la revolución puede ser contrario a su deber como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Téngalo presente!.
Jesús Castellanos Vásquez
jueves, 13 de julio de 2017
El 16J nos
vemos!
Por Jesús Castellanos Vásquez
Al momento de comenzar a escribir
estas líneas recordé un debate sobre democracias representativa vs
participativa en el que me tocó intervenir como estudiante en el Magister en
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile en 1998. En aquel
momento, nuestra Constitución vigente (1961) era de tipo representativa a diferencia
de la Carta Magna colombiana, aprobada en 1991, la cual incorporaba importantes
elementos de participación ciudadana tales como consultas populares y el voto
programático. Por un hecho meramente aleatorio me correspondió defender el
modelo representativo y si bien expuse elementos favorables, por ejemplo, que frente
a sociedades modernas es prácticamente imposible consultar a todos en todo
momento, la famosa tiranía de la mayoría, la facilidad que la representación
define en la toma de decisiones del Estado, el ejercicio del gobierno en manos
de quienes “más saben”, y por último, que el esquema representativo no excluye
necesariamente la participación, no dejé de pensar por un momento en la obra
seminal de Putnam “Making democracy work’”[1]
y su constatación de dos “Italias”, la de norte y la del sur, visiblemente
diferenciadas, entre otras razones, por la cultura cívica y los efectos que ésto
generaba.
Una democracia es incompleta y
funciona mal si se erige únicamente como un procedimiento de delegación del
poder a través del voto. La actuación ciudadana en la esfera pública es
fundamental para fortalecer este tipo de sistema político, noción que defiendo incluso
ante decisiones altamente controversiales y hasta posiblemente perjudiciales como
lo ocurrido en el Reino Unido con el Brexit, el referendo de paz colombiano,
las votaciones por candidaturas radicales de ultra izquierda o derecha o por
ofertas populistas. Un régimen, a mi juicio, es realmente democrático si
refleja fielmente el sentir de la gente y para ello, el voto es solo una de las
posibles vías, asunto, vale destacar, que fue recogido nítidamente en el
espíritu y articulado de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) de 1999, al establecer diversos mecanismos de participación, a
saber: consultas, asambleas, iniciativas de Ley, por citar algunos.
En ese marco y frente a la existencia
de un régimen caracterizado por las claras violaciones al hilo constitucional; inexistencia
de separación de poderes; feroz represión (decenas de muertes, presos
políticos, torturas); atentado contra los DDHH; negación de elecciones, etc.,
los venezolanos tendremos el próximo 16 de julio el derecho a concurrir a un
plebiscito, consulta inédita no solo por su naturaleza sino porque ha sido
organizada por el partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), junto a la sociedad
civil y con el apoyo del Poder Legislativo Nacional en vista de la evidente
subordinación del Consejo Nacional Electoral, órgano con competencia directa en
materia de elecciones y consultas, al ejecutivo nacional, amén de su demostrada
adhesión a la dictadura.
Dentro y fuera de las fronteras se
nos ha convocado para dar nuestra opinión acerca de la Asamblea Nacional
Constituyente Comunal, instancia violatoria de la CRBV y peor aún, contraria a
la soberanía del pueblo, así como sobre la Fuerza Armada Nacional y su deber de
obedecer y defender nuestro marco jurídico y, la necesidad de renovar las
autoridades de los poderes públicos nacionales como consecuencia de unas
verdaderas elecciones libres y limpias, tema que como he mencionado en
artículos anteriores[2]
no se ha cumplido en Venezuela desde hace muchos años. No queda duda que es un
ejercicio de democracia, soberanía, libertad, pero más que todo, de preocupación
por el futuro, y ¿por qué no decirlo? de verdadero amor a la patria.
Para concluir, este proceso es constitucional gracias a que nuestro sistema es, conforme a la CRBV, participativo y protagónico (Exposición de motivos, artículos 5,6, 62,70) y porque además, de acuerdo a los artículos 131, 333 y 350, todos y cada uno nosotros somos responsables, vigilantes y defensores de su debido respeto. No perdamos la oportunidad de rescatar la democracia y la libertad en nuestro país.
[1] Putnam, Robert.(1993).
Making democracy work. Princeton
University Press. http://hbanaszak.mjr.uw.edu.pl/Software/CapTxt/Literatura/Putnam_1993_MakingDemocracyWorkCivicTraditionsInModernItaly.pdf
viernes, 26 de mayo de 2017
Elección
de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal. ¿Un proceso técnicamente viable?
Por
Jesús Castellanos Vásquez
Seguramente al leer el título muchos considerarán que es un ejercicio
sin sentido analizar la viabilidad técnica de una elección que de antemano no
cumplirá con los mínimos democráticos, constitucionales e incluso rigurosidad
procedimental y que pese a todo, posiblemente será celebrada a finales del mes
de julio, de acuerdo a lo expresado por Tibisay Lucena en días pasados. Es más,
aseguro que no pocos sabrán que buena parte ya está adelantado en el Consejo
Nacional Electoral (CNE), pese a que las bases comiciales recién fueron
entregadas el día 23 de mayo. No obstante, me siento obligado a reflexionar
sobre elementos técnicos de estos comicios que pueden poner en serios aprietos
al CNE y que además, demuestran el talante no democrático de éste y su abierta
inobservancia al Estado de Derecho, la voluntad popular y a los principios
democráticos a los cuales está obligado a garantizar.
Debe quedar claro que la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente Comunal, a mi juicio es necesario
enfatizar este último pues revela su
naturaleza contraria al concepto de democracia definido en la actual
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es inconstitucional por
muchas razones, entre las cuales destaca la subordinación de la soberanía
popular a la voluntad de Maduro, al momento que éste asume la convocatoria de
la elección de la ANCC y la definición
de las bases comiciales sin el
consentimiento expreso de los venezolanos.
Más grave aún es la declaración, una vez asumida funciones, de considerarse
como EL PODER ORIGINARIO (Numeral 11). Si bien es cierto que una vez cumplidas
con el marco constitucional, no es éste el
caso, una Asamblea Nacional Constituyente se le confiere la competencia de
redactar una nueva constitución, amén de otras funciones, no lo es menos que el
poder originario siempre recae en el pueblo. De allí que preocupe
enormemente, por ejemplo, que se deje a discrecionalidad de esta instancia la
decisión de someter o no el proyecto de Constitución al verdadero titular de la
soberanía.
Pero el asunto no queda allí. Al plantear elecciones sectoriales se trasgrede
el principio de universalidad del voto, tanto en el sufragio activo (derecho a
elegir) como del sufragio pasivo (derecho a ser electo). En esta elección solo
podrán votar o postularse los que correspondan, y estén incluidos en el
“subregistro electoral” de un sector. ¿Y quiénes no pertenezcan o peor
aún, no hayan sido incorporados? Por otra parte, se generan inequidad entre los
electores al definir elecciones territoriales por municipio, generando
asimetrías en el peso electoral de votantes en municipios de baja densidad
poblacional frente a otros de localidades mediana o densamente pobladas, en
pocas palabras, se viola el principio de igualdad en la elección. A eso debe sumarse
que los electores de los municipios capitales de Estado dispondrán de dos votos
territoriales (nominal y lista) frente a
los del resto que solo tendrán derecho a uno solo (nominal). Vale decir que no
incluyo los sectoriales pues el sistema de votación aún no ha sido establecido.
Visto ésto pasemos a la parte más instrumental. Esta elección desde el
punto de vista técnico es, además de ajena al marco normativo venezolano, a mi
juicio poco viable procedimentalmente tomando en consideración los aspectos
definidos en las bases comiciales y partiendo de la premisa temeraria que los
mismos serán cumplidos así sea muy parcialmente. Vayamos por orden.
1.
En el caso
de los constituyentes sectoriales, se plantea la existencia de varios grupos (empresarios,
estudiantes, pensionados, campesinos, etc.) que elegirán a sus representantes.
A pesar que no existen pautas claves acerca de cómo será la votación se expresa
lo siguiente.
·
Se crearán
subregistros electorales sectoriales. La primera advertencia de las bases es que
no existen y por tanto el CNE deberá construirlas (Numeral 5), lo cual constituye
un trabajo altamente complejo por la cantidad de sectores, personas involucradas y fuentes generadoras
de información para la conformación de la data. Queda claro que estos
subregistros requieren además de la fase de elaboración, una etapa de
impugnación, por aquellos que no fueron incluidos o por el contrario que fueron
incorporados indebidamente y, una de elaboración
final. Ésto implica la utilización de importantes recursos financieros,
humanos, organizativos y tecnológicos.
En Venezuela tenemos un ejemplo de la formación
de la base de datos solo de organizaciones sindicales, no de afiliados,
en el año 2000, en el marco de la renovación sindical. Duró unos cuantos meses
y pese al gran despliegue de recursos
tuvo fallas que debieron ser corregidas en el desarrollo de la elección.
Imaginemos por un momento el sector estudiantes. Se requiere para ello
información no solo de universidades privadas y públicas, colegios e institutos
universitarios, tecnológicos, educación
media (mayores de 18 años de edad), diferentes tipos de misiones, etc. hagan el
mismo ejercicio para los demás sectores.
· Y el
asunto no concluye allí. Las mismas bases estipulan que para evitar que una
persona vote en más de un sector (Numeral 5), el CNE debe cruzar las datas
conforme a un criterio de prelación.
·
Solo una
vez que esto haya sido concluido es que se pueden elaborar los cuadernos de
votación y, en el caso que se pueda, colocar la data en las máquinas de
votación.
· No es un
misterio la situación actual de la base de datos de los Consejos Comunales en
el país. No solo existen serias sospechas que no está actualizada y que se han
evitado nuevas elecciones sino que además en algunos casos las organizaciones
existentes se han disuelto por motivos que no son el tema de este artículo.
2.
El tema de
las postulaciones no es menor. Se entiende que conforme a las bases existirán,
cuando menos: postulaciones municipales nominales, postulaciones lista en los
municipios capitales, postulaciones por sector y postulaciones indígenas. Quien
conoce de materia electoral sabe lo complejo y costoso de la inscripción de
candidaturas a nivel local y a eso debe sumarse la inexistencia de criterios
claros para el caso sectorial. Este
proceso es el que da inicio a la elaboración de las boletas electorales y la
configuración de las candidaturas en las maquinas de votación.
3.
Como si no
fuese suficiente, en las postulaciones se contempla la figura de los grupos de
electores a nivel municipal, asunto que puede ser muy dificultoso a juzgar por
lo ocurrido en la solicitud del referendo revocatorio. ¿Utilizarán los mismos
criterios para la denominación del grupo y validación de firmas para estos
casos? ¿Y los reparos? Seguramente que no, pero es otro elemento técnico para
la reflexión.
4.
La
automatización es otro de los retos. Alinear las máquinas con la data de electores
por sectores y territoriales y las postulaciones constituye uno de los
principales desafíos del CNE. (En lo particular soy de la idea que este proceso
tendrá un fuerte componente manual).
En conclusión, la ANCC, además de ser un monstruo inconstitucional, es
de difícil instrumentación. Suponemos que el ente electoral maneja el escenario
que todo puede ser controlado dado que el público interesado es poco y
obediente y por tanto no existirán cuestionamientos en ninguna de las fases. Por
otra parte, la oposición, al no participar, no hará exigencia de transparencia
en los procedimientos. Esto determina, sin duda alguna, una apuesta arriesgada.
Soy de la tesis que con un mínimo de
exigencia o incluso la participación del chavismo crítico, por citar algún
sector más allá de lo que el PSUV y el CNE tienen contemplado, se puede poner
en jaque a un evento que a todas luces está siendo construido al margen de la
ley, de los mínimos democráticos y de la experiencia probada del organismo. Espero
no equivocarme.
miércoles, 12 de octubre de 2016
¿CUÁNDO SON LAS ELECCIONES LIMPIAS Y LIBRES?
De Jesús Castellanos Vásquez
Usualmente
vemos en los medios de comunicación y en múltiples fuentes el uso de elecciones
limpias y libres para aludir a esquemas ideales de elecciones, no obstante, no
siempre es tan fácil identificar su significado y alcance. La tarea de estas
líneas es brindar nociones mínimas que permitan la construcción de un mapa y el
debate sobre ambos conceptos. Previo, introduciremos dos ideas principales sobre las
elecciones que comúnmente tienden a ser utilizadas de forma inadecuadas,
incluso, manipuladoramente.
1. No todo régimen que hace elecciones es
democrático. En la literatura de ciencias políticas es posible
encontrar una enorme cantidad de evidencias que constata que si bien la
celebración de elecciones constituye un elemento fundamental de toda
democracia, su realización por sí sola no debe suponer la existencia de un
régimen democrático.
Un esquema que se tiende a utilizar
pues, pese a su sencillez, resulta muy ilustrativo es el de la importancia de
las elecciones del Profesor Dieter Nohlen, en el cual se destacan tres tipos de
elecciones según sus características y el régimen político de adscripción: Elecciones Competitivas,
en la cual las elecciones son importantes para el sistema político; existe
libertad para elegir entre diferentes opciones y de postular candidatos sin más
restricciones que las definidas en Ley, además de la posibilidad real de
cambiar el gobierno y legitimidad del sistema. Las elecciones competitivas son
claramente elecciones democráticas. Por otra parte, se consideran Elecciones Semicompetitivas,
asociadas a regímenes autoritarios, aquellas donde la importancia para el
sistema político es relativa, no hay libertad de elegir y de ser elegido, rara
vez se cambia el gobierno y genera poca legitimidad. Cuando las elecciones son
aún más limitadas y la importancia en el sistema político, el cambio de
gobierno y legitimación son nulos, estamos en presencia de Elecciones No Competitivas,
propias de regímenes totalitarios (Nohlen, 1995;15)
2. No toda elección es democrática. Para
que una elección sea realmente democrática debe cumplir con un conjunto de requisitos fundamentales que, a ciencia
cierta, siempre son tema de discusión en la ciencia política. Pese a la
existencia de dicho debate, resaltan siempre cuatro elementos que el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha recogido en un índice
denominado Índice de Democracia Electoral (IDE), el cual incluye:
· Derecho al voto. Se refiere al
sufragio universal considerado como el mínimo fundamental en la medida que
sin él “los demás logros se vacían de
contenido” (PNUD, 2004;75). Este indicador se preocupa por verificar la
posibilidad real que todo ciudadano tenga el goce del sufragio, salvo aquellas
restricciones legales reconocida, relacionadas con grupos como: militares,
fuerzas de seguridad, clero, nacionales con residencia en el extranjero, entre
otros.
· Elecciones
Limpias. “Las elecciones son consideradas “limpias” cuando el proceso
electoral se desarrolla sin irregularidades que limiten a los votantes para
expresar autónoma y fielmente sus preferencias por algún candidato. (PNUD,
2004; 76)
· Elecciones
Libre. “Las elecciones son consideradas “libres” cuando se le ofrece al
electorado una variedad de opciones que no esté limitada ni por restricciones
legales ni por la fuerza. (PNUD, 2004; 77)
· Cargos públicos electos. “Las elecciones son consideradas
el medio de acceso a los principales cargos públicos de un país, esto es, el
Ejecutivo y Legislativo nacional, si los que ganan elecciones asumen sus cargos
públicos y permanecen en sus cargos durante los plazos estipulados por la ley.
En el caso de que sean reemplazados ocupantes de cargos públicos, se evalúa la
forma de remoción del cargo y de selección de reemplazantes” (PNUD, 2004; 79)
Dicho
esto, seguro surgen interrogantes cómo: ¿Qué significan realmente los conceptos
de Elecciones Limpias y Libres?; ¿Son éstos los únicos requisitos para
considerar a una elección democrática?
Larry Diamond, Profesor de la Universidad de Stanford,
considera como elecciones
libres aquellos casos donde “los obstáculos legales para entrar en la
arena política son mínimos, cuando hay libertad sustancial para los candidatos
y seguidores de diferentes partidos políticos para hacer campaña y conseguir
votos y cuando los votantes experimentan poca o ninguna coerción en el
ejercicio de su derecho al voto” (Diamond. 2002; 127). Es decir, para él, a
diferencia del IDE, el concepto incluye no solo la libertad de postular y ser
postulado (sufragio pasivo) para cargos de elección popular y de promocionar
sin mayores restricciones su oferta electoral, sino también la de los electores
de escoger sin ningún tipo de coacción o factor limitador (sufragio activo).
En cuanto a la acepción de elecciones limpias, también denominado justicia electoral o elecciones justas o
transparentes, tenemos que se refiere a la inexistencia de irregularidades “que
constriñan la expresión autónoma de preferencias de los votantes por candidatos
y altere el conteo fidedigno de los votos emitidos” (PNUD, 2004; 79). En este
punto entramos en la compleja acepción de fraude electoral, elemento que hasta
la fecha continúa en discusión y que por los momentos lo vincularemos con la
existencia de violaciones significativas a los procedimientos democráticos
establecidos y principalmente a la voluntad popular, en el marco de un
determinado comicio.
En el caso de elecciones limpias, a diferencia de elecciones libres, es un
poco más complicado identificar los elementos útiles para verificar su
existencia o no, entre otras razones, por la multiplicidad de posibles
indicadores. Es gracias a ello que nos permitimos citar nuevamente al profesor Diamond
quien sostiene que las elecciones son justas cuando:
a. Son administradas por una autoridad
neutral;
b. La administración electoral es
suficientemente competente y recursiva para tomar precauciones específicas
contra el fraude al votar y en el conteo de votos,
c. La policía, el ejército y la Corte
tratan a los partidos que compiten de forma imparcial en todo el proceso
d. Los contendores tienen acceso a los
medios públicos
e. Los distritos y reglamentos electorales
no ponen sistemáticamente en desventaja a la oposición
f. El monitoreo independiente de la
votación y el conteo de votos es permitido en todas las localidades
g. El secreto del voto es permitido
h. Virtualmente todos los adultos pueden
votar
i. El procedimiento para la organización y
el conteo de votos es transparente y conocido por todos
j.
Hay
un procedimiento claro e imparcial para resolver reclamos y disputas
(Diamond, 2002; 128)
En
pocas palabra, la existencia de reglas claras, pluralidad de los actores
postulantes, equidad de la competencia, garantías mínimas electorales como el
sufragio universal y el secreto del voto y, la capacidad e imparcialidad de los
actores organizadores y ejecutores del proceso electoral, fundamentalmente de
la administración de elecciones, son factores claves para evaluar la existencia
o no de elecciones limpias, justas o transparentes.
O´Donnell
sostiene que para que las elecciones
sean limpias[1]
también es necesario que las elecciones sean decisivas, o lo que es lo mismo, 1) que aquellos que
resultan ganadores logren ocupar las respectivas posiciones gubernamentales; 2)que
los funcionarios elegidos puedan efectivamente tomar las decisiones vinculantes
que un marco legal democrático/ constitucional normalmente autoriza y; 3) que
los funcionarios elegidos finalicen sus mandatos de acuerdo a los plazos o bajo
las condiciones estipuladas por dicho marco legal.
(PNUD (b), 2004; 22-23). Con esto se está enfatizando que las elecciones son
mucho más que un mecanismo de designación, concepto meramente instrumental; advirtiendo que obligatoriamente
deben significar la posibilidad real de que los electos asuman sus cargos por decisión
popular y puedan, en consecuencia, cumplir con las competencias asignadas en la
totalidad de su período de mandato.
De igual manera sostiene que unas
elecciones serán limpias cuando éstas sean institucionalizadas, cuestión que ocurre cuando
todos los actores políticos dan por descontado que este tipo de elecciones continuarán siendo
realizadas de la misma forma en un futuro indefinido, en fechas
legalmente preestablecidas (en sistemas presidencialistas) o, de acuerdo a ocasiones legalmente
preestablecidas (en sistemas parlamentarios). (PNUD (b), 2004; 22-23)
A los fines de revisar la existencia o no de democracia
en los procesos electorales y siguiendo con los conceptos de elecciones limpias
y libres, Freedom House ha desarrollado
un esquema evaluativo, Freedom in the
World, compuesto, para la parte electoral, por tres ítems: La elección
limpia y libre del representante ejecutivo nacional, la elección limpia y libre
de los representantes al legislativo nacional y sobre las leyes electorales y
reglamentación transparentes. En lo que concierne al Representantes al
ejecutivo nacional así como para legisladores nacionales, las interrogantes
formuladas son:
·
¿Hubo monitoreo electoral por
organizaciones nacionales y/o internacionales a los fines de verificar si las elecciones fueron limpias y libres?;
·
¿Se produjeron dilaciones producidas
por motivaciones políticas?;
·
¿El registro de votantes y candidatos
fue conducido de manera exacta, oportuna y transparente?;
·
¿Pudieron los candidatos durante la
campaña realizar discursos, celebrar
reuniones públicas y tener acceso a medios libres de intimidación?;
·
¿Existió garantía del secreto del voto
y libertad para votar?;
·
¿Gozaron los electores de la capacidad
de votar por los candidatos o partidos libre de presiones indebidas o intimidación?;
·
¿Fue el escrutinio contabilizado
transparentemente y su reporte ejecutado honestamente con los resultados
oficiales?. Pudieron los diferentes grupos interesados observar el escrutinio
para garantizar su honestidad?;
·
¿El voto de cada elector tiene el mismo
peso a los fines de definir una representación equitativa?
·
¿La elección inmediatamente anterior al
cargo en cuestión fue considerada limpia y libre?
·
¿Fueron las elecciones subnacionales
limpias y transparentes? ¿Tuvieron una conducta
·
diferente a las nacionales en cuanto a
los derechos políticos?
En
cuanto a la justicia de las leyes y marco normativo electorales tenemos:
·
¿Existe un claro, detallado y justo
marco normativo electoral (los cambios de reglas electorales no deben hacerse
inmediatamente anteriores a las elecciones si estos afectan o infringen a los
candidatos o partidos)?
·
¿Son las comisiones electorales u otras
autoridades electorales, independientes y libres de la presión e/o
interferencia del gobierno o de otro tipo?.
·
¿Es la composición de la comisión
electoral justa y balanceada?
·
¿Las conductas de las comisiones
electorales u otras autoridades electorales son efectivas y de manejo competente?
·
¿Los ciudadanos adultos gozan de
sufragio igual y universal? (Se exceptúan casos como por ejemplo suspensión por
razones de incapacidad legal o mental o comisión de crímenes graves)
·
¿En la conformación de las
circunscripciones electorales se observa un manejo sesgado o viciado?
·
¿Ha sido manipulado la selección del
sistema electoral para la escogencia de parlamentarios a objeto de beneficiar
intereses políticos o influenciar los resultados electorales?(https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2012/methodology#.VcoNzjZRHIV)
The Economist,
por su parte, ha propuesto un modelo que pudiéramos considerar complementario
al de Freedom House, denominado Index of democracy. El Index of democracy en la parte de
elecciones incluye lo siguiente:
1. ¿Son las elecciones
nacionales libres? (inexistencia de
restricciones para la participación)
2. ¿Son las elecciones
nacionales limpias/justas? (inexistencia de irregularidades)
3. ¿Son las elecciones
locales libres y limpias/justas?
4. ¿Existe el sufragio
universal?
5. ¿Inexistencia de
mecanismos de intimidación por parte de instancias gubernamentales o no
gubernamentales?
6.
¿La legislación define condiciones de
igualdad de oportunidad en la campaña electoral?
7.
¿El proceso de financiamiento de los
partidos políticos transparente y generalmente aceptado?
8. ¿Están los
mecanismos de transferencia de poder de gobierno establecidos, claros y
aceptados?
9. ¿Están los
ciudadanos en la capacidad de formar partidos políticos de forma independiente
del gobierno?
10. ¿Tiene la oposición realmente la probabilidad de formar
gobierno?
11. ¿Existe acceso a
todos los ciudadanos de las oficinas públicas?
12. ¿Son los ciudadanos
libres de formar organizaciones política y cívicas de interferencia estatal? (http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf)
Como puede verse son varios los elementos
en común de ambos modelos, entre ellos,
la preocupación por la existencia de elecciones limpias y libres, la
universalidad del sufragio, la inexistencia de mecanismos de coerción y la
equidad en la competencia electoral. Se subraya el énfasis que hace Freedom House de revisar factores como
la observación electoral nacional e internacional así como la imparcialidad de
la administración electoral, no solo en su composición, sino también en: a) la
conformación de las circunscripciones electorales, b) el respeto a las reglas
de juego, c,d) el manejo del registro de electores y de candidatos y, e) en
general de sus actuaciones. The Economist
enfatiza en vigilar lo atinente a la oposición, en particular su competitividad
al momento de intentar acceder al poder, la capacidad de formar partidos
políticos y la transferencia de poder.
Las elecciones
limpias y libres, o dicho de otra forma, la existencia o no de fraude electoral
y de competitividad electoral, respectivamente, se convirtieron en
categorizaciones difíciles de medir y muchas veces ambiguas, entre otras
razones, por sus naturalezas genéricas establecidas así precisamente para
investigar múltiples casos a través de una perspectiva comparada. El
reconocimiento que la evaluación de elecciones resultaba insuficiente bajo estas
construcciones teóricas ha dado pie al surgimiento de nuevas propuestas de las
cuales destacamos por considerarla la más completa la referida a la Integridad Electoral,
entendida como el análisis de elecciones a través de estándares y principios
internacionales, aplicado universalmente en el que se revisan los pasos del
ciclo electoral, incluidos el período preelectoral, la campaña, el día de las
votaciones y los actos posteriores. (Norris; 2014)
En la figura Número 1, del libro Why electoral
integrity matter (2014) de Pippa Norris se observan los once pasos
de un ciclo electoral, es decir los elementos que facilitan la evaluación de unas elecciones. Son
variables del modelo: Administración
electoral (Electoral Management Bodies, EMBs, por sus siglas en Inglés,), leyes
electorales, procedimientos electorales, construcción de circunscripciones,
registro de electores, de partidos y postulaciones, financiamiento y acceso en
la campaña electoral, proceso de votación, escrutinio y la generación de
resultados. (Norris,2014; 34).
FIGURA
1. LOS 11 PASOS DEL CICLO ELECTORAL
Fuente:
Norris, Pippa (2014). Why Electoral Integrity Matter. Pág. 34
Vale decir que en cada uno de estos pasos se puede
revisar la existencia de transparencia y eficiencia en un proceso electoral y
que la consideración de dichos elementos es lo que arroja una conclusión más
rigurosa acerca de la calidad democrática de una elección.
Otro estudio que vale la pena citar, haciendo la
acotación que el mismo fue aplicado a una realidad muy puntual como lo es la
democracia en Costa Rica, es la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia (Estado de
la Nación, 2001) en el cual se intentaba evaluar la existencia en este país
centroamericano de las condiciones de su régimen político y sí en efecto se
podía considerar como democrático bajo rigurosos estándares. Dado que en esta
nación es posible determinar la existencia de elecciones limpias y libres en
los términos antes planteados, este estudio estableció como aspiraciones un
conjunto un tanto distinto de variables que permitan elevar aún más el nivel de
competitividad y por ende de democracia. He aquí los parámetros:
·
Las y los
candidatos a cargos públicos no enfrentan prejuicios sociales y culturales que
disminuyen su elegibilidad
·
La ciudadanía tiene información veraz, oportuna y
objetiva para evaluar a los y las candidatas a cargos públicos y sus ofertas
electorales.
·
Los
partidos políticos emergentes y los minoritarios no enfrentan barreras
arbitrarias para ejercer su representación.
·
Las y los líderes políticos respetan el Estado de derecho
y los derechos civiles y políticos de sus oponentes durante las campañas
electorales. (Estado de la Nación, 2001; 156)
Fuentes
·
·
Diamond, Larry. 2002. ““Elections without Democracy. Thinking about Hybrid regimes” Journal of Democracy Vol. 13, (2) National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
t Estado
de la Nación. 2001. Auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia.
Costa Rica.
·
PNUD
2004 (a). La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y
ciudadanas.
·
PNUD
2004 (b). El debate conceptual sobre la democracia.
·
Nohlen,
Dieter. (1995). Elecciones y sistemas electorales. Nueva Sociedad. Caracas.
·
Norris,
Pippa. (2014). Why electoral integrity matters. Cambridge University Press.New
York.
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