Sr. Arévalo Méndez Romero. Embajador de Venezuela en Chile
Si bien se comprende su mandato de defender al actual gobierno venezolano considero que los
argumentos expuestos por usted en el diario La Tercera en fecha 20.10.2017 son altamente
debatibles y por tal motivo me permito escribir estas cortas líneas:
1. “Reconocidos centros internacionales referentes en materia electoral lo han
manifestado: es imposible un fraude técnico en Venezuela”.
FALSO. Para la academia mundial no es un secreto que los procesos
electorales en Venezuela desde hace ya unos cuantos años atrás, especialmente
desde la elección presidencial de 2012, no son limpios ni libres. Índices como
el del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard (https://www.dropbox.com/s/a7az1ruv7oh581b/The%20Year%20in%20Elections%202013%2024%20Feb%202014.pdf?dl=0#pageContainer85) o el de Freedom House (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013 ), por citar solo dos, han
revelado enormes deficiencias en materia democrática-electoral en nuestro país.
Tal posición ha sido compartida por instancias como la Organización de
Estados Americanos, el Centro Carter, IDEA Internacional o la Unión Europea. Si
tiene dudas al respecto con todo gusto puedo suministrarle los informes, o
mejor aún, puede bajarlos por internet ya que son de acceso público.
2. “El sistema es blindado”.
Desconozco que significado le da usted a ésto, aunque es incuestionable que
el sistema electoral venezolano no es democrático, ni transparente, ni apegado
a Ley, ni equitativo ni plural. Como muestra solo mencionaré algunos de los
elementos que dibujan el carácter no democrático de las Elecciones Regionales
venezolanas de 2017.
a)
Convocatoria. El anuncio del proceso se hizo tardíamente, después de un año,
y parcial pues se omitió la elección de los Diputados a los Consejos
Legislativos Estadales, incumpliendo, sin ninguna motivación, el mandato
constitucional (1999) y de la Ley de Regularización de los periodos
constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales
(2010);
b)
Campaña electoral viciada y financiamiento inequitativo y claramente
violatorio del marco legal vigente. Nuevamente el PSUV se
aprovecha de su condición de partido de gobierno para establecer enormes asimetrías en la
promoción de la oferta electoral. He aquí unos informes de la Organización
Transparencia Venezuela que resultan muy ilustrativos:
https://transparencia.org.ve/project/campana-gobernaciones-se-caracterizo-uso-los-recursos-publicos/
c)
Incumplimiento del proceso de sustitución de candidaturas. Pese a ser un
mecanismo expresamente establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales
(2009) fue desconocido, afectando la oferta electoral opositora y más grave
aún, el ejercicio del sufragio activo. El académico y constitucionalista
venezolano José Ignacio Hernández nos señala la naturaleza y alcance de dicha
actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
d)
Cambio abrupto, a pocos días de las elecciones, de Centros de Votación. El
ente comicial trasladó más de doscientos centros de votación y afectó a más de
700.000 electores sin una clara motivación y sin la debida publicidad, los cual
compromete seriamente la integridad de la elección. Para demostrar por una
parte que no hubo la debida publicidad y por el otro, poner en tela de juicio
lo que señala Méndez Romero cuando dice: “Entre
los días 14 y 15 de octubre, más de 200 centros fueron objeto de sabotaje de
suministro eléctrico y de agua, lo que necesariamente provocó cambios de última
hora” , he aquí el link donde se pueden revisar las noticias
institucionales del CNE y constatar la
omisión de dicha información
e)
Actuación parcializada del CNE. Son muchas las evidencias en este sentido.
Para no extenderme más, solo citaré uno especialmente ejemplarizante en donde
una de las Rectoras del CNE informa sobre la posibilidad de conocer el centro de
votación a través de SMS, en el cual
existía un mensaje a favor de los candidatos oficialistas.
f)
Y hay más elementos, por ejemplo, la hostilidad observada en los nuevos
centros de votación por parte de fuerzas oficialistas, la reducción de la
observación nacional, la inexistencia de observación electoral internacional,
sustituida por la figura del “acompañamiento internacional”, la coacción y
coerción a los funcionarios públicos y beneficiarios de las misiones
gubernamentales, restricciones importantes a la libertad de información y
prensa, la amenaza a los candidatos a subordinarse a la Asamblea Nacional
Constituyente Inconstitucional, las irregularidades en la totalización del
Estado Bolívar o la negación de juramentar a candidatos ganadores de la
oposición.
Por su condición de Embajador, y más
aún, por su vinculo con el proceso revolucionario chavista-madurista, no
pretendo que sea un experto en estos temas de allí que me permita citar algunas
fuentes de investigación. Los números sin un real contenido son igualmente
subjetivos. Su escrito lo demuestra nítidamente.
PD. Ese mandato de defender a la revolución puede ser contrario a su deber como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Téngalo presente!.
Jesús Castellanos Vásquez
