martes, 21 de noviembre de 2017
viernes, 20 de octubre de 2017
Sr. Arévalo Méndez Romero. Embajador de Venezuela en Chile
Si bien se comprende su mandato de defender al actual gobierno venezolano considero que los
argumentos expuestos por usted en el diario La Tercera en fecha 20.10.2017 son altamente
debatibles y por tal motivo me permito escribir estas cortas líneas:
1. “Reconocidos centros internacionales referentes en materia electoral lo han
manifestado: es imposible un fraude técnico en Venezuela”.
FALSO. Para la academia mundial no es un secreto que los procesos
electorales en Venezuela desde hace ya unos cuantos años atrás, especialmente
desde la elección presidencial de 2012, no son limpios ni libres. Índices como
el del Proyecto de Integridad Electoral de la Universidad de Harvard (https://www.dropbox.com/s/a7az1ruv7oh581b/The%20Year%20in%20Elections%202013%2024%20Feb%202014.pdf?dl=0#pageContainer85) o el de Freedom House (https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013 ), por citar solo dos, han
revelado enormes deficiencias en materia democrática-electoral en nuestro país.
Tal posición ha sido compartida por instancias como la Organización de
Estados Americanos, el Centro Carter, IDEA Internacional o la Unión Europea. Si
tiene dudas al respecto con todo gusto puedo suministrarle los informes, o
mejor aún, puede bajarlos por internet ya que son de acceso público.
2. “El sistema es blindado”.
Desconozco que significado le da usted a ésto, aunque es incuestionable que
el sistema electoral venezolano no es democrático, ni transparente, ni apegado
a Ley, ni equitativo ni plural. Como muestra solo mencionaré algunos de los
elementos que dibujan el carácter no democrático de las Elecciones Regionales
venezolanas de 2017.
a)
Convocatoria. El anuncio del proceso se hizo tardíamente, después de un año,
y parcial pues se omitió la elección de los Diputados a los Consejos
Legislativos Estadales, incumpliendo, sin ninguna motivación, el mandato
constitucional (1999) y de la Ley de Regularización de los periodos
constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales
(2010);
b)
Campaña electoral viciada y financiamiento inequitativo y claramente
violatorio del marco legal vigente. Nuevamente el PSUV se
aprovecha de su condición de partido de gobierno para establecer enormes asimetrías en la
promoción de la oferta electoral. He aquí unos informes de la Organización
Transparencia Venezuela que resultan muy ilustrativos:
https://transparencia.org.ve/project/campana-gobernaciones-se-caracterizo-uso-los-recursos-publicos/
c)
Incumplimiento del proceso de sustitución de candidaturas. Pese a ser un
mecanismo expresamente establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales
(2009) fue desconocido, afectando la oferta electoral opositora y más grave
aún, el ejercicio del sufragio activo. El académico y constitucionalista
venezolano José Ignacio Hernández nos señala la naturaleza y alcance de dicha
actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
d)
Cambio abrupto, a pocos días de las elecciones, de Centros de Votación. El
ente comicial trasladó más de doscientos centros de votación y afectó a más de
700.000 electores sin una clara motivación y sin la debida publicidad, los cual
compromete seriamente la integridad de la elección. Para demostrar por una
parte que no hubo la debida publicidad y por el otro, poner en tela de juicio
lo que señala Méndez Romero cuando dice: “Entre
los días 14 y 15 de octubre, más de 200 centros fueron objeto de sabotaje de
suministro eléctrico y de agua, lo que necesariamente provocó cambios de última
hora” , he aquí el link donde se pueden revisar las noticias
institucionales del CNE y constatar la
omisión de dicha información
e)
Actuación parcializada del CNE. Son muchas las evidencias en este sentido.
Para no extenderme más, solo citaré uno especialmente ejemplarizante en donde
una de las Rectoras del CNE informa sobre la posibilidad de conocer el centro de
votación a través de SMS, en el cual
existía un mensaje a favor de los candidatos oficialistas.
f)
Y hay más elementos, por ejemplo, la hostilidad observada en los nuevos
centros de votación por parte de fuerzas oficialistas, la reducción de la
observación nacional, la inexistencia de observación electoral internacional,
sustituida por la figura del “acompañamiento internacional”, la coacción y
coerción a los funcionarios públicos y beneficiarios de las misiones
gubernamentales, restricciones importantes a la libertad de información y
prensa, la amenaza a los candidatos a subordinarse a la Asamblea Nacional
Constituyente Inconstitucional, las irregularidades en la totalización del
Estado Bolívar o la negación de juramentar a candidatos ganadores de la
oposición.
Por su condición de Embajador, y más
aún, por su vinculo con el proceso revolucionario chavista-madurista, no
pretendo que sea un experto en estos temas de allí que me permita citar algunas
fuentes de investigación. Los números sin un real contenido son igualmente
subjetivos. Su escrito lo demuestra nítidamente.
PD. Ese mandato de defender a la revolución puede ser contrario a su deber como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Téngalo presente!.
Jesús Castellanos Vásquez
jueves, 13 de julio de 2017
El 16J nos
vemos!
Por Jesús Castellanos Vásquez
Al momento de comenzar a escribir
estas líneas recordé un debate sobre democracias representativa vs
participativa en el que me tocó intervenir como estudiante en el Magister en
Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile en 1998. En aquel
momento, nuestra Constitución vigente (1961) era de tipo representativa a diferencia
de la Carta Magna colombiana, aprobada en 1991, la cual incorporaba importantes
elementos de participación ciudadana tales como consultas populares y el voto
programático. Por un hecho meramente aleatorio me correspondió defender el
modelo representativo y si bien expuse elementos favorables, por ejemplo, que frente
a sociedades modernas es prácticamente imposible consultar a todos en todo
momento, la famosa tiranía de la mayoría, la facilidad que la representación
define en la toma de decisiones del Estado, el ejercicio del gobierno en manos
de quienes “más saben”, y por último, que el esquema representativo no excluye
necesariamente la participación, no dejé de pensar por un momento en la obra
seminal de Putnam “Making democracy work’”[1]
y su constatación de dos “Italias”, la de norte y la del sur, visiblemente
diferenciadas, entre otras razones, por la cultura cívica y los efectos que ésto
generaba.
Una democracia es incompleta y
funciona mal si se erige únicamente como un procedimiento de delegación del
poder a través del voto. La actuación ciudadana en la esfera pública es
fundamental para fortalecer este tipo de sistema político, noción que defiendo incluso
ante decisiones altamente controversiales y hasta posiblemente perjudiciales como
lo ocurrido en el Reino Unido con el Brexit, el referendo de paz colombiano,
las votaciones por candidaturas radicales de ultra izquierda o derecha o por
ofertas populistas. Un régimen, a mi juicio, es realmente democrático si
refleja fielmente el sentir de la gente y para ello, el voto es solo una de las
posibles vías, asunto, vale destacar, que fue recogido nítidamente en el
espíritu y articulado de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (CRBV) de 1999, al establecer diversos mecanismos de participación, a
saber: consultas, asambleas, iniciativas de Ley, por citar algunos.
En ese marco y frente a la existencia
de un régimen caracterizado por las claras violaciones al hilo constitucional; inexistencia
de separación de poderes; feroz represión (decenas de muertes, presos
políticos, torturas); atentado contra los DDHH; negación de elecciones, etc.,
los venezolanos tendremos el próximo 16 de julio el derecho a concurrir a un
plebiscito, consulta inédita no solo por su naturaleza sino porque ha sido
organizada por el partido Mesa de la Unidad Democrática (MUD), junto a la sociedad
civil y con el apoyo del Poder Legislativo Nacional en vista de la evidente
subordinación del Consejo Nacional Electoral, órgano con competencia directa en
materia de elecciones y consultas, al ejecutivo nacional, amén de su demostrada
adhesión a la dictadura.
Dentro y fuera de las fronteras se
nos ha convocado para dar nuestra opinión acerca de la Asamblea Nacional
Constituyente Comunal, instancia violatoria de la CRBV y peor aún, contraria a
la soberanía del pueblo, así como sobre la Fuerza Armada Nacional y su deber de
obedecer y defender nuestro marco jurídico y, la necesidad de renovar las
autoridades de los poderes públicos nacionales como consecuencia de unas
verdaderas elecciones libres y limpias, tema que como he mencionado en
artículos anteriores[2]
no se ha cumplido en Venezuela desde hace muchos años. No queda duda que es un
ejercicio de democracia, soberanía, libertad, pero más que todo, de preocupación
por el futuro, y ¿por qué no decirlo? de verdadero amor a la patria.
Para concluir, este proceso es constitucional gracias a que nuestro sistema es, conforme a la CRBV, participativo y protagónico (Exposición de motivos, artículos 5,6, 62,70) y porque además, de acuerdo a los artículos 131, 333 y 350, todos y cada uno nosotros somos responsables, vigilantes y defensores de su debido respeto. No perdamos la oportunidad de rescatar la democracia y la libertad en nuestro país.
[1] Putnam, Robert.(1993).
Making democracy work. Princeton
University Press. http://hbanaszak.mjr.uw.edu.pl/Software/CapTxt/Literatura/Putnam_1993_MakingDemocracyWorkCivicTraditionsInModernItaly.pdf
viernes, 26 de mayo de 2017
Elección
de la Asamblea Nacional Constituyente Comunal. ¿Un proceso técnicamente viable?
Por
Jesús Castellanos Vásquez
Seguramente al leer el título muchos considerarán que es un ejercicio
sin sentido analizar la viabilidad técnica de una elección que de antemano no
cumplirá con los mínimos democráticos, constitucionales e incluso rigurosidad
procedimental y que pese a todo, posiblemente será celebrada a finales del mes
de julio, de acuerdo a lo expresado por Tibisay Lucena en días pasados. Es más,
aseguro que no pocos sabrán que buena parte ya está adelantado en el Consejo
Nacional Electoral (CNE), pese a que las bases comiciales recién fueron
entregadas el día 23 de mayo. No obstante, me siento obligado a reflexionar
sobre elementos técnicos de estos comicios que pueden poner en serios aprietos
al CNE y que además, demuestran el talante no democrático de éste y su abierta
inobservancia al Estado de Derecho, la voluntad popular y a los principios
democráticos a los cuales está obligado a garantizar.
Debe quedar claro que la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente Comunal, a mi juicio es necesario
enfatizar este último pues revela su
naturaleza contraria al concepto de democracia definido en la actual
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es inconstitucional por
muchas razones, entre las cuales destaca la subordinación de la soberanía
popular a la voluntad de Maduro, al momento que éste asume la convocatoria de
la elección de la ANCC y la definición
de las bases comiciales sin el
consentimiento expreso de los venezolanos.
Más grave aún es la declaración, una vez asumida funciones, de considerarse
como EL PODER ORIGINARIO (Numeral 11). Si bien es cierto que una vez cumplidas
con el marco constitucional, no es éste el
caso, una Asamblea Nacional Constituyente se le confiere la competencia de
redactar una nueva constitución, amén de otras funciones, no lo es menos que el
poder originario siempre recae en el pueblo. De allí que preocupe
enormemente, por ejemplo, que se deje a discrecionalidad de esta instancia la
decisión de someter o no el proyecto de Constitución al verdadero titular de la
soberanía.
Pero el asunto no queda allí. Al plantear elecciones sectoriales se trasgrede
el principio de universalidad del voto, tanto en el sufragio activo (derecho a
elegir) como del sufragio pasivo (derecho a ser electo). En esta elección solo
podrán votar o postularse los que correspondan, y estén incluidos en el
“subregistro electoral” de un sector. ¿Y quiénes no pertenezcan o peor
aún, no hayan sido incorporados? Por otra parte, se generan inequidad entre los
electores al definir elecciones territoriales por municipio, generando
asimetrías en el peso electoral de votantes en municipios de baja densidad
poblacional frente a otros de localidades mediana o densamente pobladas, en
pocas palabras, se viola el principio de igualdad en la elección. A eso debe sumarse
que los electores de los municipios capitales de Estado dispondrán de dos votos
territoriales (nominal y lista) frente a
los del resto que solo tendrán derecho a uno solo (nominal). Vale decir que no
incluyo los sectoriales pues el sistema de votación aún no ha sido establecido.
Visto ésto pasemos a la parte más instrumental. Esta elección desde el
punto de vista técnico es, además de ajena al marco normativo venezolano, a mi
juicio poco viable procedimentalmente tomando en consideración los aspectos
definidos en las bases comiciales y partiendo de la premisa temeraria que los
mismos serán cumplidos así sea muy parcialmente. Vayamos por orden.
1.
En el caso
de los constituyentes sectoriales, se plantea la existencia de varios grupos (empresarios,
estudiantes, pensionados, campesinos, etc.) que elegirán a sus representantes.
A pesar que no existen pautas claves acerca de cómo será la votación se expresa
lo siguiente.
·
Se crearán
subregistros electorales sectoriales. La primera advertencia de las bases es que
no existen y por tanto el CNE deberá construirlas (Numeral 5), lo cual constituye
un trabajo altamente complejo por la cantidad de sectores, personas involucradas y fuentes generadoras
de información para la conformación de la data. Queda claro que estos
subregistros requieren además de la fase de elaboración, una etapa de
impugnación, por aquellos que no fueron incluidos o por el contrario que fueron
incorporados indebidamente y, una de elaboración
final. Ésto implica la utilización de importantes recursos financieros,
humanos, organizativos y tecnológicos.
En Venezuela tenemos un ejemplo de la formación
de la base de datos solo de organizaciones sindicales, no de afiliados,
en el año 2000, en el marco de la renovación sindical. Duró unos cuantos meses
y pese al gran despliegue de recursos
tuvo fallas que debieron ser corregidas en el desarrollo de la elección.
Imaginemos por un momento el sector estudiantes. Se requiere para ello
información no solo de universidades privadas y públicas, colegios e institutos
universitarios, tecnológicos, educación
media (mayores de 18 años de edad), diferentes tipos de misiones, etc. hagan el
mismo ejercicio para los demás sectores.
· Y el
asunto no concluye allí. Las mismas bases estipulan que para evitar que una
persona vote en más de un sector (Numeral 5), el CNE debe cruzar las datas
conforme a un criterio de prelación.
·
Solo una
vez que esto haya sido concluido es que se pueden elaborar los cuadernos de
votación y, en el caso que se pueda, colocar la data en las máquinas de
votación.
· No es un
misterio la situación actual de la base de datos de los Consejos Comunales en
el país. No solo existen serias sospechas que no está actualizada y que se han
evitado nuevas elecciones sino que además en algunos casos las organizaciones
existentes se han disuelto por motivos que no son el tema de este artículo.
2.
El tema de
las postulaciones no es menor. Se entiende que conforme a las bases existirán,
cuando menos: postulaciones municipales nominales, postulaciones lista en los
municipios capitales, postulaciones por sector y postulaciones indígenas. Quien
conoce de materia electoral sabe lo complejo y costoso de la inscripción de
candidaturas a nivel local y a eso debe sumarse la inexistencia de criterios
claros para el caso sectorial. Este
proceso es el que da inicio a la elaboración de las boletas electorales y la
configuración de las candidaturas en las maquinas de votación.
3.
Como si no
fuese suficiente, en las postulaciones se contempla la figura de los grupos de
electores a nivel municipal, asunto que puede ser muy dificultoso a juzgar por
lo ocurrido en la solicitud del referendo revocatorio. ¿Utilizarán los mismos
criterios para la denominación del grupo y validación de firmas para estos
casos? ¿Y los reparos? Seguramente que no, pero es otro elemento técnico para
la reflexión.
4.
La
automatización es otro de los retos. Alinear las máquinas con la data de electores
por sectores y territoriales y las postulaciones constituye uno de los
principales desafíos del CNE. (En lo particular soy de la idea que este proceso
tendrá un fuerte componente manual).
En conclusión, la ANCC, además de ser un monstruo inconstitucional, es
de difícil instrumentación. Suponemos que el ente electoral maneja el escenario
que todo puede ser controlado dado que el público interesado es poco y
obediente y por tanto no existirán cuestionamientos en ninguna de las fases. Por
otra parte, la oposición, al no participar, no hará exigencia de transparencia
en los procedimientos. Esto determina, sin duda alguna, una apuesta arriesgada.
Soy de la tesis que con un mínimo de
exigencia o incluso la participación del chavismo crítico, por citar algún
sector más allá de lo que el PSUV y el CNE tienen contemplado, se puede poner
en jaque a un evento que a todas luces está siendo construido al margen de la
ley, de los mínimos democráticos y de la experiencia probada del organismo. Espero
no equivocarme.
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